El fracaso de una “guerra” Históricamente los gobiernos han enfrentado los problemas de las drogas atacando sus efectos y manifestaciones sin atacar sus causas. Han preferido aumentar las penas de cárcel, la fuerza policial, la represión contra las comunidades pobres, las amenazas con la pena capital y violaciones a los derechos civiles como estrategia de guerra para tratar de controlar el negocio de las drogas y sus efectos. En cambio, el resultado siempre ha sido el mismo, un alto nivel de inseguridad ciudadana y vidas destrozadas por una “guerra contra las drogas”. Llevamos sobre cuarenta años declarando la “guerra contra las drogas” a nivel nacional e internacional con políticas poco efectivas, manteniendo a los pueblos en estado de sitio. Haciéndonos víctima de una política inútil, nos hemos sumergido en una guerra que no ha proporcionado resultados positivos que justifiquen sus estragos. Por el contrario, las tasas de consumo de drogas continúan siendo altísimas, el encarcelamiento debido a delitos por drogas se mantiene a niveles récord, las muertes violentas y el gasto de los gobiernos en la “guerra” alcanzan miles de millones de dólares anuales sin poder alcanzar alguna posibilidad de transformación social. La actual política de drogas promueve el castigo y el encarcelamiento en masa. La criminalización del uso de drogas convierte a las cárceles en grandes intereses financieros que reproducen y perpetúan una política prohibicionista costosa e inefectiva. Sin embargo, si cambiáramos la aplicación de una ley punitiva por una estrategia salubrista, con el fin de reducir los daños y riesgos asociados con el uso de drogas y brindando tratamiento para los y las que lo necesitan y desean en lugar de castigo y dinero perdido en cárceles, fomentaríamos salud y educación, previniendo y atendiendo con conciencia los problemas relacionados al uso de drogas. Anualmente, los Estados Unidos gasta sobre $51,000,000,000 en la “Guerra contra las Drogas” y para 2011 sobre 1.5 millones de personas fueron detenidas por asuntos de drogas no violentos. Para ese mismo año, unas 758 mil detenciones –más de la mitad– fueron por violaciones a leyes de marihuana, y más del 85% de los casos se debieron a mera posesión. La gran mayoría de la población penal en Estados Unidos se compone de las llamadas minorías raciales de grupos latinos o afroamericanos, esto a pesar de que a la hora de consumir o vender no hay diferencias raciales con otros grupos étnicos. Asimismo, el criminalizar la reducción de daños pone en juego la salud y vida de las y los usuarios, como es el caso, por ejemplo, de la prohibición del uso de fondos federales para el intercambio de jeringuillas. Un tercio de los casos de VIH en los Estados Unidos -alrededor de 354,000 personas- se atribuye al uso compartido de jeringuillas. En contraste, mientras este país extiende su visión prohibicionista a otros países, alrededor de treinta estados y territorios estadounidenses tienen regulación para uso terapéutico del cannabis. Asimismo, más de veinte estados de los Estados Unidos tienen políticas de descriminalización del cannabis, gran número de ciudades estadounidenses cuentan con reformas con multas civiles que van desde $25 dólares que puede otorgar un policía como si fuera una multa de tránsito. Asimismo, ochos estados y la capital de EEUU cuentan con regulación mercado recreativo del cannabis. Colorado y Washington regularon el ‘uso recreacional’ desde el año 2012, Alaska, Oregón y el Distrito de Columbia en el 2014. Y el pasado noviembre se sumaron California, Maine, Massachusetts y Nevada. La guerra contra las drogas no ha detenido ni la oferta ni la demanda; al contrario, ha preferido esconder bajo el manto de la ilegalidad el mercado billonario que éste genera. Según informes de las Naciones Unidas para el año 2011, el tráfico de drogas generó el valor anual estimado de unos 320,000 millones de dólares. En Puerto Rico, el Estudio sobre la economía informal sometido al Banco